Se calcula que en torno a medio millón de ciudadanos repartidos por todo el mundo reúnen los requisitos para solicitar la condición de español. La mayoría residen en Cuba (200.000), en Argentina (200.000), Uruguay, Chile, Venezuela, México Miami, Brasil ...
Toda esta movida es consecuencia de la denominada "Ley de Nietos", que entró en vigor el lunes y forma parte de la “Ley de la Memoria Histórica“ aprobada en octubre de 2007, que reconoce el derecho a solicitar la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que la perdieron o tuvieron que renunciar a ella por su exilio desde el inicio de la guerra civil (1936-1939) hasta diciembre de 1955.
Esta es una buena medida, con la que se pretende, por fin, superar viejos agravios históricos. ¡Pues claro que sí! Pero, que nadie se alarme, porque no todos los que la soliciten y se la concedan van a venir a vivir a España.
Por un lado, se ha ampliado la nacionalidad española a los hijos y nietos de los exiliados durante el franquismo, pero, por otro, también su derecho al voto y, a quien más beneficiará electoralmente esta medida, será al Gobierno. Los futuros nuevos votantes premiarán con su papeleta a quien ha aprobado la medida, al partido socialista.
¿Que se pretende, a lo lejos, con esta medida? una nueva forma de captar votos y, más allá, la prolongación del PSOE en el mando del país.
Si este es el objetivo, ya no me parece tan bien la medida a no ser que la completen con otra: que los 200.000 exiliados vascos y navarros, que se han tenido que ir, asustados por el terrorismo etarra, puedan votar en unas elecciones vascas, pero esta ley no es rentable electoralmente para el Gobierno, porque votarían a los partidos más fervientemente antiterroristas, es decir, el PP.
Si los hijos y nietos de los exiliados por el franquismo van a adquirir el derecho al sufragio activo, también tienen derecho los exiliados vascos y navarros.
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